La inminencia de una nueva ley de seguridad ciudadana ha levantado todas las alertas entre quienes creen que la democracia es algo distinto a la forma de legislar y gobernar del partido en el poder. Anteceden las traiciones a ésta del ministerio del interior las de Wert, Mato o Gallardón; por ejemplo, la gran traición de Ruiz Gallardón a su electorado -situado en el centro derecha- (su electorado no él), ya que las medidas adoptadas en el ámbito de su ministerio nos retrotraen a la época del franquismo más duro; aunque eso ya lo sabemos, hace mucho tiempo que se escenificó en el Congreso de los Diputados la gran traición del ministro de Justicia hacia quienes pensaron que partía de ciertos presupuestos ideológicos de centro, y han visto en sus palabras registradas, una y otra vez, por las cámaras del Congreso como una sarta de preceptos ideológicos de la derecha más cavernaria, franquista, en las antípodas de cualquier partido que refleje una mínima actitud de tolerancia democrática. En concreto, creo que se ha producido, desde que todos conocemos su afán por ser querido entre el electorado de su partido que nunca le toleró sus opiniones sobre el matrimonio homosexual, muy probablemente influidas por alguna experiencia más o menos familiar, más o menos personal, como hemos encontrado en otros miembros de la formación, que por pertinaz oposición, han tenido que pagar multas al romper la disciplina de voto del partido que gobierna como bien ha demostrado en estos dos años de carrera de relevos hacia el más rancio tardo franquismo dentro del decreto y mando, la revolución silenciosa de los afines al Opus Dei, la revolución silenciosa contra las ayudas a la dependencia, los enemigos silenciosos contra las energías renovables, los enemigos silenciosos de los trabajadores después de alardear de ser el partido de los trabajadores, los enemigos silenciosos de las mujeres, la sanidad... Y ahora, los enemigos silenciosos de quienes desde la mayor de las tolerancias y el mayor de los respetos se enfrentan a los desmanes de un gobierno que comienza a parecerse, y mucho, a aquella caricatura del verdugo de Berlanga: un gobierno que ha tomado a los ciudadanos como enemigos. Desde luego no a los 1625 multimillonarios que existen en nuestro país sino a los más de 12 millones de ciudadanos que están entrando irremisiblemente en ese gran foso que es la pobreza y que la caridad del gobierno gestiona tan bien con programas televisivos que abundan en lo buenos que somos todos individualmente y la bajeza política de quienes se creen por encima del bien y del mal. No todo es culpa del gobierno, también es culpa de la oposición que ha traicionado una y otra vez a su electorado en los últimos 30 años de democracia. Ver a Felipe González con sus elevadísimos sueldos, hablar de socialismo: da náuseas; tanto como ver la hipocresía usada por la dirección del PSOE en reírse de las bases y, tanto más, cómo atiende las súplicas de multitud de buenos militantes que se sienten excluidos y ajenos por completo a cuanto hace su partido y todo presunto, como el jamón portugués. Cambio de tema: La filiación al Opus Dei del ministro del Interior y sus extrañas formas de entender la caridad, la ayuda, su enérgica actitud ofensiva ante movimientos pacíficos de toda índole, que se han presentado en nuestra sociedad con un respeto reverencial hacia las autoridades, demuestra que España es un país en donde la minorías siguen ganando a la voluntad masiva de los ciudadanos. La nueva ley de seguridad de un miembro del Opus Dei introduce multas de hasta 600.000 € por cualquier algarabía en zonas eclesiásticas, un remedo legal que -dicen algunos diarios- ha sido redactada por un antidisturbios despechado y que con toda lógica las redes sociales han llamado #LeyAnti15M. Siempre en acto de exaltación de la multi mencionada y falsa, también deseada, mayoría silenciosa: ésa que sirve para un roto o un descosido. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana está siendo diseccionada en las redes sociales con verdadero poder analítico, más que por la prensa afín al régimen que ha votado la ciudadanía, convenciendo de las verdaderas intenciones de un gobierno que parece más un último coletazo de poder del franquismo, completamente amparado, que cualquiera de aquellos gobiernos anteriores a 1975 llamados "los tecnócratas del Opus". El gobierno de Mariano Rajoy, con su aquiescencia en todas las leyes que se promulgan por mucho que se personalicen en las figuras de sus indeseables ministros (para muchos, una mayoría silenciosa, también) sólo pretende devolvernos a una España del pasado, una España en la que la Justicia se alimenta de los grandes centros de poder económico criminalizando a los pobres, a quienes disienten, frente a aquellos que desde la altas esferas (eso se decía mucho hace unos años) mantienen una impunidad extraña, ciertamente extraña, ante cualquier evento de corrupción generalizada, que no por convencional y diario deja de ser extraño y realmente vejatorio para el resto de ciudadanos de un país que camina hacia la pobreza extrema de sus habitantes menos afortunados. Las distancias entre rentas nunca fueron tan evidentes, ni tan sangrantes. Quienes creímos en una democracia igualitaria nos han dado bien en los dientes, en la razón, y sobre todo en la ilusión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario