¿RENTABILIDAD ELECTORAL DE UN ASESINATO?

La democracia se ha convertido "en un instrumento

 de dominio del poder económico y no tiene 

ninguna capacidad de controlar los abusos

 de este poder" José Saramago (2004)

En estas páginas suele aparecer con frecuencia la famosa frase de  Malcom X, pero podría usar citas de Chomsky u otros intelectuales que han estudiado el proceso seguido por los grandes órganos (también personas) de poder para manipular la información a través de la opinión.

 En España es una constante, según te informes por uno u otro medio, encontrar auténticas aberraciones interpretativas sobre asuntos de tirón mediático, ahí es donde aparecen tantas Españas existan o tantas ideologías tengan cabida en los cientos de formas de exhibir un mensaje, una consigna, una noticia. En principio todo vale: conocemos las portadas del diario de Marhuenda, bien, muy bien posicionado en subvenciones y publicidad institucional, también el diario que dirige el señor que acusó a un político de vivir en el amor a ETA después de que la banda terrorista lograra amputarle una pierna con una bomba lapa, el caído en desgracia tras confabular una Gürtel de mentira en cuatro días, emulando los buenos resultados obtenidos por su antecesor, maestro donde los haya de la manipulación torticera de la información,  y que en sus tiempos llegó a hacernos creer que un desliz extra matrimonial con corpiño había sido urdido por los servicios secretos de la nación, por no hablar de la teoría etarra del 11M y los polvos bóricos. La caverna mediática es muy amplia y no podría poner ejemplos de todos; sí podría, pero esto se convertiría en un libro. El caso es que desde las redes sociales se ha buscado una fórmula de información a la medida, personalizada, que rompe diametralmente la credibilidad  de empresas que pierden día a día su monopolio cediéndolo a otras más pequeñas con ciertos principios periodísticos olvidados hace tiempo por los Mass Media, al menos no ocultos en una trama de intereses empresariales que siempre acaban en la titularidad bancaria. 

En estos días, el asesinato de Isabel Carrasco, mujer fuerte del PP leonés, poco querida por gente que no la conocía o no tenía por qué mostrarle conmiseración a raíz de sus frases públicas amenazadoras, actitudes caciquiles y cierta falta de escrúpulos a la hora de exhibir sus numerosos sueldos en una España que crece en desigualdad como nunca antes lo hizo, ha provocado que ciertas personas hayan confundido la libertad de expresión con un juicio paralelo al asesinato, nunca merecido por nadie, por muy impopular que sea, pero no olvidemos que los tiros (presuntamente) vienen de la autoría confesa de un miembro del PP  de León, no de las redes sociales, no de la actividad en políticas antideshaucios de la PAH. Han sido las manos de una o unas afiliadas al Partido Popular quienes según informaciones policiales han disparado contra un cargo público del mismo partido. Es decir que una lucha intestina no puede llevar a confundirnos socialmente. Está bien intentarlo, como suelen hacer a diario, pero los hechos determinan que ha sido una militante del PP quien mata a un cargo político del PP, no lo olvidemos. ¿Qué existe animadversión hacia la clase política? Sí. ¿Qué las redes sociales se hacen eco de esas críticas? Sí. Pero no confundamos churras con merinas que quien tiene el asesino en casa es el PP, no Twitter ni la PAH, ni eso tan peregrinamente usado por algunos periódicos del "clamor popular". Probablemente ciertos comentarios poco afortunados han llevado al ministro del interior, hombre de grandes convicciones éticas y morales por su condición de numerario de Opus Dei, a levantar la voz señalando que el odio que emana en las redes sociales merece algún tipo de control, como el que ejercen los antidisturbios en las manifestaciones pacíficas o el control ya mencionado de los medios tradicionales de comunicación o la misma casta política hablando y viviendo en los mundos de Barbie  y Kent. Como si reviviera el McCarthismo sesenta años después propone una criba de mensajes en las redes sociales, lo malo de todo es que esa criba debería hacerse de una forma equidistante a todas las ideologías, siempre y cuando constituya la opinión un delito tipificado.

 Leía que los comentarios injuriosos no pueden ser perseguidos de oficio pero ya modificará la ley el señor ministro y podremos encontrarnos que por fin mete mano a las manifestaciones realizadas contra personas de toda condición e ideología, y en sus filas y orbe, los insultos son a veces amenazas de muerte. La libertad, por tanto, sea de expresión, manifestación, acción, reunión... está siempre revisándose como si fuera un mal endémico en nuestra sociedad. 

 Señor ministro regule usted aquello que tenga que regular que siempre existirá la fórmula de apearse de la regulación. En un futuro no muy lejano se le recordará como el ministro que odiaba a los inmigrantes (es una licencia poética), quemaba las ilusiones de los españoles con gasolina antidisturbios (otra licencia poética) y ésta, tal vez menos poética, porque hago uso de la traducción original, el responsable del castillo de aire que estalló. Qué bueno sería que algunas tramas de novela se convirtieran en realidad y conociéramos por fin toda la podredumbre que existe en ese mundo de coches oficiales, dinero a mansalva, sobre seguro, cenas interminables y trajes que doblan su precio al sueldo mínimo interprofesional. El mundo que ustedes construyen es un mundo de ficción y no olvide que la realidad siempre, siempre la supera. Aún no sabemos a qué coste, aún no sabemos cuándo se producirá esa rebelión pacífica contra tanta desigualdad, contra una creciente sensación de injusticia, contra la libertad y la dignidad de los ciudadanos que les han puesto en esa situación de decidir sobre su hambre, su salud, su educación y cultura. Sólo recuerde que la realidad siempre supera a la ficción y vivir en un mundo de ficción conlleva muchos peligros: el mayor, darse de bruces con lo cotidiano. 

Por supuesto espero que mis comentarios, totalmente pacíficos y amparados en la libertad de expresión no sean constitutivos  de delito en una democracia como la española.